El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario dio lugar a la medida cautelar solicitada por los legisladores de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, Delia Bisuti y Edgardo Form que suspende el decreto de Macri que ayer se trató en comisión.
El DNU afecta los derechos fundamentales que asegura proteger. La norma “en defensa de la libertad de expresión, prensa e imprenta” no es más que una burda maniobra para favorecer los intereses económicos y políticos de corporaciones mediáticas establecidas en la ciudad de Buenos Aires, en claro perjuicio de los trabajadores del gremio al reglamentar el ejercicio de la libertad de prensa, autorizar la censura judicial e impedir los recursos cautelares contra la censura.
Cuestionando las razones que evoca el decreto para su aplicación, y apelando a las garantías explicitadas en la Constitución Nacional, es que ratificamos el legítimo derecho a huelga de los trabajadores de prensa que la medida del gobierno porteño pone en jaque. Este derecho previsto en el artículo 14 bis es el mismo que el alcalde porteño intenta vulnerar al afirmar que “no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas (…) ni la de los medios de comunicación” con domicilio en Capital Federal.
El decreto macrista, en verdad intenta reemplazar a la ley de medios, como lo demuestran sus artículos 12 y 22. Allí desconoce los alcances de la vigente ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hasta de la propia Constitución Nacional. La llamada ley de medios sancionada en 2009 no es por sí misma una solución para la democratización de la comunicación. Democratización que sólo harán posible los trabajadores de prensa y los trabajadores en general apropiándose del derecho a la información y de los sistemas de medios en nuestro país. Sin embargo, estamos convencidos de que su aplicación constituiría un avance muy importante en ese sentido para los medios alternativos y populares. Es por eso que reclamamos al gobierno nacional su implementación: abriría una brecha que deberá ser aprovechada por los trabajadores y sus organizaciones.
Macri y su gabinete firmaron el decreto en medio de los rumores por una presunta intervención de parte de la Comisión Nacional de Valores en las oficinas de Clarín, poderosa patronal que no deja de amedrentar a los compañeros que allí trabajan. No olvidamos que el jefe de gobierno que ahora se desgarra las vestiduras protegiendo la libertad de expresión avaló una violenta represión en el Hospital Borda donde decenas de trabajadores, entre ellos de prensa, resultaron heridos por el accionar de la Policía Metropolitana.
Nada podemos esperar de la Legislatura, ni de la burocracia sindical de Utpba que ha vaciado nuestro gremio. Somos los trabajadores de prensa quienes debemos intervenir en defensa de nuestros derechos. El DNU de Macri no debe ser aprobado. Nuestro estatuto y nuestros derechos están en riesgo. Sin libertad sindical no hay libertad de expresión. Hagámoselo saber a Macri, a los legisladores y a toda la sociedad.
VIOLETA DE PRENSA 21-5-2013
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